Cada Cuenta Pública presidencial es mucho más que un balance de gestión. Es un ejercicio político que revela prioridades, define agendas y envía señales sobre quiénes son visibles para el Estado y quiénes continúan esperando ser vistos.
La Cuenta Pública presentada este 1 de junio deja una sensación difícil de ignorar para quienes trabajamos en discapacidad, inclusión y derechos humanos: las personas con discapacidad fueron prácticamente invisibles.
No se trata de una cuestión simbólica. No estamos hablando de la ausencia de una palabra o de una mención protocolar. Hablamos de la omisión de una realidad que afecta a más de 3 millones de personas en Chile y a cientos de miles de familias que diariamente enfrentan barreras para estudiar, trabajar, desplazarse, acceder a servicios y ejercer plenamente su ciudadanía.
Mientras el discurso presidencial abordó extensamente materias de seguridad, crecimiento económico, control del gasto público y modernización del Estado, la discapacidad quedó relegada a un lugar secundario, casi inexistente. No hubo anuncios relevantes sobre inclusión laboral, accesibilidad universal, fortalecimiento de apoyos, vida independiente, tecnologías de apoyo, entre otros.
La omisión es aún más preocupante cuando se observa el contexto en que ocurre.
Chile se encuentra en un momento decisivo para la inclusión. Durante los últimos años se han producido avances normativos importantes, entre ellos el fortalecimiento de la Ley de Inclusión Laboral, la consolidación del rol del gestor de inclusión y la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Sin embargo, las leyes por sí solas no transforman realidades. Requieren financiamiento, institucionalidad robusta, capacidades técnicas y voluntad política sostenida.
Y es precisamente allí donde surge una de las mayores contradicciones actuales.
Resulta difícil hablar de inclusión cuando las instituciones encargadas de impulsarla enfrentan restricciones presupuestarias cada vez más complejas. Los ajustes al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y las limitaciones que afectan a servicios especializados como SENADIS generan una preocupación legítima respecto de la capacidad real del Estado para avanzar en políticas públicas inclusivas.
La inclusión no ocurre por generación espontánea.
La inclusión requiere profesionales especializados, programas de apoyo, intermediación laboral, capacitación, accesibilidad digital, fiscalización, asistencia técnica a empresas, fortalecimiento de organizaciones sociales, producción de datos y acompañamiento territorial. Cada peso que se reduce en estas áreas tiene consecuencias concretas para las personas.
Cuando se disminuyen recursos destinados a inclusión, quienes primero sienten el impacto son las personas que ya enfrentan mayores barreras.
Lo preocupante es que muchas veces estos recortes se justifican bajo una lógica exclusivamente económica, como si las políticas de discapacidad fueran un gasto y no una inversión social. Sin embargo, la evidencia internacional demuestra exactamente lo contrario. La exclusión tiene costos enormes para los países: menor participación laboral, mayor dependencia económica, aumento de la pobreza, sobrecarga de los sistemas de salud y pérdida de talento humano.
La inclusión no es un acto de beneficencia. Es una estrategia de desarrollo.
Cada persona con discapacidad que accede a educación, empleo, transporte accesible o apoyos adecuados incrementa sus niveles de autonomía, contribuye a la economía y fortalece el tejido social. Por eso, cuando el Estado reduce capacidades institucionales en esta materia, no solo afecta a un grupo específico; limita el desarrollo del país en su conjunto.
Existe además un problema más profundo: la persistente tendencia a considerar la discapacidad únicamente desde una lógica asistencial.
Las personas con discapacidad no son simplemente beneficiarias de programas sociales. Son trabajadoras, profesionales, emprendedoras, estudiantes, dirigentes, cuidadoras, contribuyentes y ciudadanas. La ausencia de la discapacidad en los grandes debates nacionales perpetúa una visión donde este grupo aparece únicamente cuando se habla de vulnerabilidad, pero desaparece cuando se discuten crecimiento económico, productividad, innovación o desarrollo.
La verdadera inclusión comienza cuando dejamos de pensar en la discapacidad como un tema sectorial y entendemos que atraviesa todas las dimensiones de la vida social.
Por eso preocupa que en una Cuenta Pública donde se habló de empleo, modernización y crecimiento económico no existiera una reflexión sobre la enorme brecha laboral que siguen enfrentando las personas con discapacidad. Preocupa que se hablara de eficiencia estatal sin abordar las barreras de accesibilidad que aún persisten en servicios públicos. Preocupa que se enfatizara la cohesión social sin mencionar a millones de personas que continúan encontrando obstáculos para participar en igualdad de condiciones.
La invisibilización también es una forma de exclusión.
Cuando un grupo deja de estar presente en las prioridades políticas, corre el riesgo de desaparecer de las prioridades presupuestarias, institucionales y programáticas. Y cuando eso ocurre, los avances alcanzados pueden comenzar a retroceder.
Chile ha suscrito compromisos internacionales claros en materia de derechos de las personas con discapacidad. La Convención de Naciones Unidas obliga al Estado a promover la participación plena y efectiva en todos los ámbitos de la vida. Ese mandato no se cumple únicamente mediante leyes. Se cumple mediante decisiones políticas concretas, recursos suficientes y presencia permanente de la discapacidad en la agenda pública.
Las personas con discapacidad no necesitamos discursos condescendientes ni menciones simbólicas una vez al año. Necesitan políticas públicas sostenidas, financiamiento adecuado, instituciones fortalecidas y liderazgo político capaz de comprender que la inclusión no es un asunto periférico.
Una sociedad verdaderamente desarrollada no se mide solo por sus cifras de crecimiento económico o sus indicadores de seguridad. También se mide por la capacidad de reconocer, incluir y garantizar derechos a quienes históricamente han sido excluidos.
La pregunta que deja esta Cuenta Pública es tan simple como incómoda: ¿cómo esperamos construir un país más justo e integrado si dos millones de personas siguen sin aparecer entre las prioridades visibles del Estado?
Porque cuando la discapacidad desaparece del discurso público, el riesgo es que también desaparezca de las decisiones que realmente cambian vidas.